En defensa de la libertad

Ser libre significa diferentes cosas según la cultura de los distintos países, e incluso al interior de un país como Chile, hay una amplia variedad de ideas acerca de qué es ser libre y de qué depende. Sin embargo, algunos aspectos gocen de un consenso universal, y uno de ellos es que las reglas que los gobernantes definen cuenten con el consentimiento y la aceptación de los gobernados.

Estas reglas se expresan en la ley, en sus diversos niveles de generalidad. La Constitución política de un país es entonces la expresión más fundamental de las reglas que, cuando las y los ciudadanos consienten, pueden legítimamente limitar las libertades individuales.

Una mayoría de ciudadanas y ciudadanos en Chile no consiente con la Constitución actual, y por más de una razón. Algunos enfatizan más su origen sin consentimiento, otros más bien los valores y principios que expresa y que ha permitido un desarrollo socio-económico y ambiental en el que un porcentaje elevado de personas no tiene ni tendrá una jubilación decente, no tiene acceso a servicios de salud decentes, no tiene acceso a una educación que asegure remotamente la igualdad de oportunidades, que sufre de represión por su modo de vivir su sexualidad, que está en desacuerdo con el grado de acumulación de riqueza de una minoría …

Cualquier defensor de la libertad va a aceptar de convicción que una Constitución desaprobada debe renovarse. Y es así que se ha buscado a responder a la voluntad popular desde luego diez años.

El segundo fracaso

Acaba de fracasar el segundo intento de llegar a una nueva Constitución. En el primero, todes tuvieron la oportunidad de reflexionar, expresar y dialogar acerca de los valores y principios, derechos y deberes en un proceso que progresó desde la base local hacia la generalidad del país. El conocimiento que resultó del análisis riguroso de estos enunciados ciudadanos se ha conservado, pero curiosamente el tema ha sido tabú desde que el expresidente Piñera asumió.

El gran Acuerdo Nacional formalizó la aceptación del mundo de los políticos y de sus partidos que la voluntad popular de obtener una nueva Constitución obliga a los gobernantes. Pero por muy diversas razones, la Propuesta Constitucional ha encontrado un voto de rechazo por una sustancial mayoría de las y los electores.

Ahora sabemos que una gran mayoría rechaza la Constitución actual, y otra gran mayoría rechaza la Propuesta que se había sometido a plebiscito. Lógicamente hay que desarrollar un tercer intento. ¿Y quién no espera que se evitarán las debilidades de diseño y de despliegue de los intentos previos?

Causas de fracaso

El primer intento tuvo un timing inoportuno, y fue demasiado fácil relegar su resultado en un cajón y luego ignorarlo. Pero tuvo varias fortalezas: (a) amplia participación con un grado de cobertura muy elevado, permitiendo a ciudadanos de diversos contextos procesar la diversidad de valores, de principios y de ideas acerca de derechos y deberes; (b) no obligó a los ciudadanos “normales” a proponer artículos de una Constitución, trabajo por el cual la mayoría no estamos preparados; (c) permitió definir un marco de expectativas populares que permiten definir el alcance para un equipo de expertos para formular una Constitución que a la vez responde a las expectativas mayoritarias y es técnicamente bien realizada.

El segundo intento no ha permitido una amplia participación ciudadana en el proceso de definir los principios o cualquier aspecto de contenido de la Propuesta. Votar para un representante en la Convención Constitucional no es equivalente a reflexionar sobre lo que uno desea para el futuro, expresarlo, escuchar lo que expresen los demás e intentar dialogar en un espacio de diversidades para negociar un consenso. Entonces no había ningún formalismo asegurando que los representantes electos sepan qué exactamente representan. Las posibilidades de participación por plataforma digital permiten a quienes tienden a usar equipos digitales expresarse, pero el uso del mundo digital no está repartido de manera uniforma a través de los diversos sectores de la población.

La información difundida sobre la Convención y su trabajo ocurrió bajo la primacía del “rating”: más escandaloso, mejor. Esto favorece la formación de juicios falaciosos a cerca de las y los Convencionales y afecta negativamente el juicio criterioso del producto de su trabajo.

Reflexionar sobre una Constitución es altamente complejo y requiere mucho tiempo. Para muchas personas, la complejidad y el tiempo requerido son prohibitivos, y luego optan por un “Plan B”: preferir la postura de la mayoría. En este sentido, comunicar muy frecuentemente los resultados de encuestas de intención de voto, engancha un círculo vicioso: la difusión masiva de resultados de una encuesta conduce a parte de las minorías a cambiar de postura, y la encuesta siguiente indica aún más dominancia por una postura. No importa si es en pro o en contra de la Propuesta: la frecuencia alta de difusión de resultados de encuestas de intención de voto presta un flaco favor a la democracia, que requiere de ciudadanos criterioso.

La disproporción de los montos dedicados a actividades y mensajes de campaña no necesita explicaciones detalladas para comprender que tal desequilibrio reduce la “democracidad” del proceso.

El principio mismo de diseñar una campaña de modo a evocar emisiones negativas como miedo o rabia es un tipo de manipulación: los receptores de tales mensajes no pueden percibir cómo el cambio emocional incide en su capacidad de juicio criterioso. Mensajes hechos para evocar emociones de manera escondida deberían ser etiquetado como un alimento procesado que esconde una alta dosis de azúcar. Cabe remarcar que, a diferencia de la campaña presidencial 2021, la campaña para el plebiscito no ha viso difusión de “fact checking” en los canales de televisión.

¿Y ahora?

El proceso de tercer intento debe ser respetuoso de la libertad de las personas en muchos aspectos. Más allá de la libertad negativa de no vivir bajo una Constitución mayoritariamente rechazada, es también la libertad de no ser manipulado emocionalmente por ningún grupo político, de no ser excluido del proceso de reflexionar en conjunto y reiteradamente, y de no mal gastar tiempo y dinero al repetir los errores de los intentos uno y dos, o al dejar fuera de consideración los tres textos constitucionales existentes: la Constitución actual (que puede contener elementos rescatables), el material conservado desde el proceso número 2 y la propuesta ingresada por la expresidente Bachelet, y la Propuesta actual (que igual ha sido aprobada por más de un tercio de los electores).